Un Decreto de 22 de febrero de 1721, abolía la figura de los Intendentes en todas las provincias de España donde no existían tropas; este decreto fue acompañado de una reforma de la administración financiera, que quitaba a los intendentes todos los poderes financieros concedidos por la ordenanza de 1718. La consecuencia fue que eran superfluos aquellos intendentes que no tenían obligaciones fiscales y militares, por lo cuál fueron suprimidos.
Parece ser que a partir de 1721 aún quedaban intendentes aún habiendo anulado su cargo en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla, en Badajoz, en Salamanca, en La Coruña, en Pamplona y en Palma de Mallorca, y desde aquel momento se estableció una distinción formal entre el intendente de guerra y el intendente de provincia. Una serie de intendentes provinciales continuaron recibiendo sus salarios, por cortesía del gobierno, pero por decreto de 19 de julio de 1724, los intendentes de provincia fueron finalmente suprimidos en aquellas provincias donde no había tropas y durante el resto del reinado de Felipe V, solo existieron los intendentes de guerra.
Firmado por; Juanvi Vayá Climent.
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